La Crisis, por los Intelectuales

                                  Lucha y Marginalidad 

La Masacre de Avellaneda, al igual que la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, provocó una marcada indignación en casi todo el país y marcó a fuego a una nueva generación militante, para quienes los ejemplos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán proyectaron un compromiso de lucha e intransigencia contra las injusticias que nos advierte sobre los peligros que entraña la resignación.

Luego de la masacre de Avellaneda, los gobiernos kirchneristas adoptaron algunas medidas efectivamente progresivas, en muchos casos inspiradas en históricas reivindicaciones populares, sustento a marchas y demás muestras de apoyo. Pero estas medidas, de acuerdo a los reclamos de los trabajadores que reivindican la lucha de Kosteki y Santillán, no configuraron un programa integral capaz de superar la precarización del trabajo, el salario y la vida.

Maristella Svampa y Claudio Pandolfi, en el texto “Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina”, expresan cómo la impunidad de los gobiernos argentinos ha hecho mella en las luchas que vienen librando los trabajadores en contra de la injusticia social.

Durante años, y sobre todo en las últimas décadas, la sociología en Argentina ha hecho un relato de los procesos de descomposición social, poniendo escasa atención en los procesos de “recomposición social”.

Así, las tesis de la “masa marginal” o “polo marginal” sostenían que, en nuestras sociedades periféricas, tradicionalmente los individuos han dependido menos de los mecanismos de integración sistémica (proporcionados por el Estado o por un mercado suficientemente expandido), y más, mucho más, de las redes de sobrevivencia que la sociedad ha ido generando desde sus propios contextos de pobreza. Así, la existencia de formas de integración y de exclusión diferenciadas, marcaron desde el origen los procesos de urbanización en las sociedades sudamericanas.

Svampa Afirma que la situación de impunidad se refleja en el estado que llevaba la  causa  en  relación  a  la  masacre  del  Avellaneda, a mediados de 2005;  en lo que respecta al daño que dejo el 26 de junio de 2002, cuando las fuerzas represivas protagonizaron los graves hechos de represión en el Puente Pueyrredón, que une la provincia con la ciudad de Buenos Aires, que culminaron con el asesinato de los dos reconocidos militantes piqueteros, más de setenta heridos con munición de plomo, y casi ciento setenta detenidos, los cuales en su mayoría denunciaron haber sufrido diversas  formas de apremios ilegales  en las horas de detención (incluidos simulacros de fusilamiento).

Los agentes implicados en los asesinatos han sido apresados en el año 2005. Sin embargo, Pandolfi muestra indignación porque los políticos implicados en dicha represión  continúan, algunos ejerciendo cargos legislativos, judiciales y ejecutivos, otros fuera de la Política, pero en libertad.

Asimismo,  recordemos la respuesta del Estado frente a una de las mayores crisis  registradas en la historia del país, en diciembre de 2001. La represión desplegada por el Estado, que incluyó la declaración del Estado de sitio, durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejaron un saldo  trágico de 33 muertos en todo el país (cifra que se eleva a 37 al  día de la fecha, ya que algunas personas que habían quedado gravemente heridas por impactos de plomo, han fallecido en los últimos dos años), y centenares de detenidos. En este sentido, los contrastes son claros: mientras que, en la actualidad, se viene avanzando en los juicios a los detenidos en aquellas  jornadas, no sucede lo mismo en relación, con, los responsables políticos, causantes de la mayor represión llevada a cabo en los últimos 20 años de régimen democrático en Argentina.

Juan J. Rousseau, a partir de su observación de la sociedad  y del estudio de textos contemporáneos de su época (Hobbes), pero más antiguos también (Platón), va a proponer una nueva teoría política en la cual va a pensar el rol del Estado como garante de ciertos derechos esenciales para la organización de las sociedades modernas, en las cuales los individuos ceden la libertad que poseen en su “estado de naturaleza” (sin un marco judicial y legislativo que regule su proceder, o en palabras del autor “individuos que velan por su propia conservación, convirtiéndose por consecuencia en dueños de sí mismos”).

El “contrato social” para este pensador, no es como plantea Hobbes un contrato entre individuos, ni, como propone Locke, de los individuos con un gobernante; se trata de un pacto de la comunidad con el individuo y del individuo con la comunidad. Cada uno de los asociados se une a todos y a la vez a ninguno en particular. De esta forma todos los ciudadanos viven bajo las mismas condiciones de gobierno y gozan de los mismos derechos, siempre favoreciendo a la “voluntad general”, para que los actos individuales no los perjudiquen.

Sobre Rousseau podemos destacar principalmente, cómo plantea la imposibilidad de lograr formar una democracia perfecta, pero para lograr una democracia real es necesario  que el que hace las leyes no sea el mismo que las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo se olvide de los intereses generales y se dedique a los particulares, como así también es necesario un pueblo que obligue a los gobernantes a cumplir sus funciones y a trabajar para el bien común. Por ello existe el pueblo, y el poder político se encuentra dividido en tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

El tratado que Rousseau propone, desde mi punto de vista, es importante para analizar el valor que puede tener una democracia pensada desde y para la gente, teniendo en cuenta el deterioro que han sufrido éstas en Latinoamérica  a partir de las sucesivas dictaduras y los abusos que los políticos hacen de la representatividad otorgada por la sociedad a través de las elecciones.

Los movimientos sociales se presentan como armas fundamentales que presenta una sociedad para poder resistir la opresión y pedir por el cumplimiento de sus derechos. Éstos se encargan de establecer la resistencia contra el abuso que en ocasiones ejercen las autoridades públicas, ya sea ignorando las necesidades de sus pueblos, o directamente reprimiéndolos violentamente, como sucedió en el caso de la masacre de Avellaneda o en la crisis de 2001.

Pierre Rosamballon:

Hablar de lo político y no de la política, según refiere, es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y la civilidad, en suma de todo aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones, enmarcadas dentro de los partidos políticos.

La protesta y la movilización social se enmarcan dentro del plano de “lo político”, que tiene como motivación defender los intereses del pueblo por fuera de las fuerzas partidarias, exigiendo a “la política” respuestas que satisfagan a las necesidades básicas de los trabajadores.

Por otra parte, Castoriadis plantea cómo el hecho de participar políticamente implica responsabilidad. No se trata solamente de estar informado, sino de poder decidir, participar en forma activa de la política. Luego establece una crítica en contra del liberalísmo económico. 

En textos de Macperson vimos como un sujeto político se muestra de forma diferente dependiendo los momentos históricos en los que se encuentre. Castoriadis habla de un imaginario social dominante, que toma la idea del individuo en este contexto.

Las organizaciones serán las que tomaran partido dentro de ese imaginario social planteando cuál es la realidad en la que uno se encuentra viviendo.

En conclusión, la criminalización de las organizaciones protestantes es muy común y deberíamos aprender a apoyarlas de forma organizada y categórica, para que quienes han tomado como referentes a personalidades como Kosteki y Santillán no pasen jamás por las atrocidades que sufrieron ellos, y el Estado no cometa este tipo de atropellos nunca más.

                                                                                              FAURE SUIRESZCZ, ALAN – 17552/1