La masacre de Avellaneda: el punto cúlmine en el viraje político y social argentino

              La crisis del 2001 y el crimen de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002, representó en la historia argentina un punto de inflexión en la política, la historia de las organizaciones sociales y la organización del Estado. Ambos sucesos, especialmente el ocurrido en Avellaneda debido a la distancia temporal que tuvo con los cacerolazos, dejó permeable  la fragilidad de las estructuras de poder y, en cierto modo, revirtió la relación entre las agrupaciones y la política. El recrudecimiento de la crisis económica y las consecuentes demandas insatisfechas, combinó el descreimiento en las instituciones y aumentó  la presión social ante el poder del gobierno que, arrinconado por los embates que las organizaciones detentaban,  recurrió a la violencia para demostrar su estructura y capacidad de represión y mantenimiento del orden.

El aumento significativo de diferentes agrupaciones de lucha y su crecimiento paulatino desde las bases de la sociedad puso en jaque al Estado, y éste optó por la utilización de la fuerza. Ejecutó el último recurso cuando nuevamente se ponía sobre discusión el rol del mismo frente a la sociedad, y fue por medio de cohesión y la represión que el aparato estatal tendría dos finales claros: frenar un crecimiento de las organizaciones que se volvía desmedido para sus ansias de expansión de la mano del duhaldismo, o una nueva crisis como la de 2001 que dejaría acéfalo al Ejecutivo. El resultado fue dual, por un lado los movimientos continuaron sus reclamos pero con metodologías más cuidadosas, por el otro, el costo político fue voraz: el por entonces presidente interino Eduardo Duhalde tuvo que fijar fecha para que, mediante el sufragio, la sociedad pudiera tener la oportunidad de elegir una nueva conducción en la presidencia nacional.

La elección presidencial en cierto modo culminó el reclamo de 2001 que pedía  por un recambio de figura ejecutiva, pero que pese a la caída de Fernando De la Rua no había sido el pueblo quien tuvo la posibilidad de iniciar un nuevo camino de manera instantánea. A esto se debía sumar la posibilidad abierta que tenían no solo las mayorías partidarias, sino los partidos de izquierda más ligados a las organizaciones de lucha, y que veían en este vacío de poder su oportunidad en la pelea por la hegemonía. Quizás esas mismas luchas internas en las emergentes agrupaciones  fueron las que desvirtuaron el nuevo mapa político que se abría, y la desesperación por llegar al poder generó alianzas apresuradas que sirvieron  principalmente al peronismo para conseguir su objetivo: con crisis social de por medio, organizaciones sociales en lucha entre ellas y el radicalismo deshecho era la oportunidad para tejer rápidamente la estructura de poder y ganar sindicatos, agrupaciones y minorías de toda índole.

Si bien la lenta recuperación económica de la mano de Roberto Lavagna empezaba a torcer la curva de la caída libre económica, la llegada de Nestor Kirchner fue un suceso no menos llamativo. Llegado desde el anonimato, fue el padrinazgo de Duhalde y cierto sector mediático que propinó al santacruceño el empuje que necesitaba en su campaña. Sin una oposición clara, logro trepar fácilmente como nueva y única figura capaz del cambio. No menor fue que el Ejecutivo eligiera al 25 de mayo como fecha de asunción al electo presidente, como un guiño al pueblo en tanto demostración del inicio de una nueva etapa. Con el aparato partidario intacto y el apoyo de ciertos sectores mediáticos que no se preocuparon en poner el ojo en la historia personal y de gestion de Kirchner en su provincia, éste logró tomar el poder pese a la escasa cantidad de votos que obtuvo, y gracias a la decisión de Carlos Menem de renunciar a la segunda vuelta. Su postura de frenar las presiones de los fondos de crédito internacional fue recibida con expectativa y aprobación de amplios sectores nacionales, lo que comenzó a construir un apoyo rápido desde diversas organizaciones y sectores sociales que rechazaban el endeudamiento gestado consecutivamente desde antes de los estallidos de violencia de diciembre de 2001.

El crimen de Avellaneda fue quizás la oportunidad política de los sectores en lucha dentro del mismo peronismo para bajar cualquier pretensión de Duhalde para lograr un apoyo popular. El 2002 significó entonces el fin del duhaldismo como posible frente renovador. La muerte de Kosteki y Santillán también significó un cambio de mirada desde la sociedad a los movimientos piqueteros: los que eran vistos como posibles focos de violencia para llegar al poder, o condenados mediáticamente desde ciertos medios por los reiterados cortes de transito y protestas, pasaron a convertirse rápidamente también en víctimas del Estado represivo. Esto movería el piso del gobierno, quien no podría utilizar más esa desconfianza hacia las organizaciones como herramienta para tener al grueso de la sociedad de su lado frente a los piqueteros.  Quizás esta lectura también metería presión en la raíz del peronismo, que no asumiría el rol de "enemigo del pueblo" y buscaría una solución rápida que dejara exclusivamente sobre  Eduardo Duhalde el peso de la masacre, lo cual daba cuenta de las mismas internas partidarias que se generaban en pos de la puja por el nuevo liderazgo que se avecinaba.

Lo político en el 2002

Como mencionaba anteriormente, el crimen de los activistas sociales Maximiliano Kosteki y Dario Santillán marcó un punto de inflexión en lo político y de transformación de la política en si misma. Esto es, considerar que la situación acaecida en 2001 y los sucesos de 2002 movieron la discusión en torno a las libertades, las formas de participación de los grupos sociales y la puja por el poder. Estos acontecimientos que marcaron un antes y después serian un puntapié inicial para transformar a la política misma, tomándola como escenario de administración, y reconfigurándola desde las mismas esferas del Estado, el cual comenzó luego a reconsiderar las pujas de estas agrupaciones para captarlas y aglutinarlas en un proceso hegemónico mayor y en conjunto, iniciado desde la llegada de Nestor Kirchner al poder.

Lo que inicialmente dibujaba un escenario de protestas, las proclamas sociales del “que se vayan todos”, la pelea por la respuesta desde el Estado a reclamos laborales, precipió los sucesos trágicos de Avellaneda que fueron la demostración de la división entre la sociedad política y la sociedad civil, y la debilidad del poder a dar respuesta satisfactoria, optando por la represión como salida ante un latente nuevo foco de rebelión social. Sin embargo, este acontecimiento presenta el quiebre en la política en el sentido en que comienza a virar las decisiones estatales hacia el mantenimiento del orden ya no desde la violencia sino desde asumir estas protestas como problemas reales a resolver, abriendo el diálogo y la participación a un segundo plano de la política hacia la sociedad civil, cuestión que no había sido proyectada desde el delarruismo, el cual había optado por el desprestigio y la estigmatización de estos grupos contra hegemónicos acusándolos de la organización de los saqueos a supermercados y del corte total de rutas y caminos.

Hablamos entonces de la importancia de este suceso en lo que hace a la contingencia del proceso tanto en lo político como en la opinión publica, la cual revisa sus concepciones en torno a los movimientos sociales y piqueteros. Desde una mirada teórica, los sucesos ocurridos en el 2001 / 2002 dan cuenta de la contingencia de lo político, y de la tensión entre la representatividad real de lo colectivo desde un Estado democrático liberal. Estas tensiones comienzan a replantearse luego de las elecciones presidenciales de 2003, donde el ejercicio del sufragio cristaliza nuevamente la demandada capacidad de la sociedad en su conjunto para la intervención en la búsqueda de proyectos representativos. Esto remite al recupero de la forma Estado en lo que hace a sintetizar la división social,  y la representación simbólica que había entrado en crisis un años antes.

Las elecciones presidenciales era la deuda pendiente que había quedado luego de diciembre de 2001, y que el poder no había resuelto de manera eficiente ante tamaña crisis de representatividad: ante el desplazamiento del Ejecutivo  se pretendía una rápida elección, la cual no solo se demoró, sino que la sucesión de presidentes que arremetió luego ponía no solo en crisis al mismo sistema político internamente, sino que causaba un recrudecimiento de las hostilidades frente a la negación de la participación ciudadana real. Con las elecciones presidenciales de 2003 se recupera lo simbólico del Estado democrático, y deja atrás los riesgos que suscitaba al mismo sistema la presión social y de otros grupos contra hegemónicos que luchaban por la llegada a las esferas de poder, en este caso representado por los piqueteros como principal fuerza de lucha surgida años antes con un crecimiento exponencial claramente demostrado.

Cabe destacar que el presente desarrollo entiende al Estado como el ámbito de disputas entre fuerzas, pero la crisis sufrida en 2001/2002 dejó entrever la pérdida de representación social que éste tenía. La división entre la sociedad civil y sociedad política se había profundizado de tal manera que tornaba insostenible el control, lo que demandó la profundización de los sistemas de dominación y cohersión. Sin embargo, la representación simbólica de la sociedad en el Estado se había disuelto debido a la nula respuesta a los reclamos de los diversos sectores. Con la llegada del kirchnerismo se replantea esta síntesis de parte del Estado, dando espacio a los sectores que venían reclamando mejores condiciones y comenzando a tejer nuevamente la relación simbólica de representación que el mismo ostenta frente a la sociedad civil , lo que derivó en un rápido apoyo y distensión en la relación entre ésta y la sociedad política.

El esquema democrático post masacre de Avellaneda

El esquema político en Argentina sufrió alteraciones irremediables luego de los sucesos de diciembre de 2001 y la masacre de Avellaneda. Asimismo, el sistema democrático en su conjunto, herido fuertemente con la crisis de diciembre de 2001, no supo modificar a tiempo sus estrategias frente a las agrupaciones sociales que se movilizaban casi a diario contra la conducción gubernamental. Sin embargo, el contexto en que se daba este proceso no consideraba que la solución virara a un posible cambio radicalizado hacia un régimen autoritario, como fantasma que sacude al conjunto social en cada crisis dirigencial. Más bien se trató de encontrar a quien tomara el toro por las astas hasta que emergiera una conducción política que permitiera llevar calma tanto a la sociedad  en su conjunto como al poder institucional y representativo.

Con la decisión de Eduardo Duhalde de fijar fecha a la elección presidencial comenzó la carrera desde las organizaciones hacia la oportunidad de llegar al poder. Sin embargo, el aparato partidario mayoritario, en este caso el peronismo, fue prácticamente la única opción viable para la resolución del conflicto de quién se haría cargo del país. Si bien los intentos de otras facciones partidarias intentaron llevar agua para su molino, no lograron superar el aparato estructurado del partido peronista. Pero esta imposibilidad de los partidos emergidos en lucha por el poder debido a los conflictos internos y las pujas por lograr resultados individualistas fue funcional al mantenimiento y supremacía política. A esto se suma que el mismo peronismo presentara candidatos varios en nuevos frentes partidarios, pero con una raíz en común. Esta puja por el poder y los entramados de organizaciones sociales que comenzaron a hacer firmes los apoyos a uno u otro candidato evidencia el problema democrático en lo que hace a un reduccionismo de este a un mero mecanismo entre partidos que disputa la alternancia en el plano dirigencial.

Lo que vislumbraba como un renacimiento de la política y sus esferas de participación ciudadana, se redujo una vez más a limitar al conjunto social hacia el camino de “la mejor opción” frente al temor de los fantasmas del pasado y el quiebre del sistema democrático. Una democracia basada en la búsqueda del equilibrio, que evidenció una vez más la mercantilidad de los partidos políticos con los movimientos sociales captados y hacia el conjunto social, unificando diversos reclamos para la obtención de votos. De esta manera se observaban diversas consignas conservadoras desde Ricardo Lopez Murphy, el republicanismo idealista de Elisa Carrió, la recuperación del modelo menemista de la mano del ex presidente, o la supuesta renovada política que emergía con Nestor Kirchner, quien en su propuesta aparentaba comprender lo que la sociedad reclamaba. Los partidos de izquierda y socialistas, una vez más perderían la oportunidad de lograr consenso social al demostrar una voracidad por el poder que superaba las consignas históricas, y que derivó en el descreimiento y la no atracción de un elevado número de electores luego de tantos años de crecimiento paulatino en la esfera nacional.

A pesar del fracaso electoral, el surgimiento y crecimiento de la fuerza de poder de las organizaciones sociales demostró la apertura de un segundo circuito político que irremediablemente asumió la democracia, y que supo aprovechar el gobierno de Kirchner. Aquellas organizaciones que emergieron desde la contra hegemonía, y que se transformaron luego en alineadas al nuevo esquema de poder del kirchnerismo, lograron abrir un nuevo esquema de poder similar al que había logrado el peronismo años atrás. Las organizaciones barriales ocuparían nuevamente un rol relevante en la esfera organizativa del Estado. Este segundo circuito da cuenta de la participación de la sociedad civil en la política y la capacidad de transformación mutua entre el poder estatal y estas organizaciones. La política estatal de Néstor Kirchner en lo que hace a derechos humanos trajo consigo el apoyo incondicional de numerosas agrupaciones, lo mismo en lo que hace a la ruptura económica con grupos transnacionales y fondos mundiales de crédito, reclamo histórico de grupos de izquierda y nacionalistas. De esta manera también las organizaciones vieron modificar sus realidades, creando incluso conflictos internos por la politización de sus reclamos bajo las directivas oficialistas.

La masacre de Avellaneda demostró las dos caras de la crisis democrática, tanto la radicalización del poder estatal para frenar a los movimientos sociales como el posterior retroceso en los logros y apoyo social que estas habían obtenido en sus luchas, debido a las pujas internas y  el acercamiento a partidos históricos que habían sido cuestionados desde el “que se vayan todos”. El nuevo circuito de la política a través de las organizaciones barriales permitió comenzar a tejer un poder político a paso acelerado, demostrando una supuesta mayor permeabilidad del Estado frente a las consignas sociales, y ampliando la conducción misma a través del acercamiento directo con las bases de lucha en los distintos estamentos poblacionales.

La suma de sectores de la sociedad civil en el desarrollo del estado permitió la reestructuración rápida y la calma de los sectores descontentos. El acercamiento hacia la sociedad civil no solo ejemplificaba un cambio en la manera de hacer política, sino una posibilidad más amplia para el desarrollo de soluciones. Si bien esto es cierto, también es necesario destacar que la participación de la sociedad civil no significa una mayor democracia, ya que surgen males indeseables como el clientelismo y el asistencialismo exacerbado, convirtiendo esta relación en un terreno de cohersión mutua, hoy palpable en algunos sectores sindicales que inicialmente apoyaron el proyecto político, y que  cruzaron de vereda al ver truncadas sus exigencias.

Los problemas de la democracia moderna

Las organizaciones sociales surgidas desde el gobierno de Fernando De la Rua, las luchas barriales, el agravamiento de la crisis económica, la devaluación monetaria y finalmente el extremismo estatal en el uso de la fuerza para la contención de los reclamos, dibujaron un panorama claro que puso en discusión a la democracia misma y su concepto de representación de demandas. Si bien en Argentina existe un proteccionismo social en el mantenimiento de ésta por razones históricas frente al autoritarismo, la crisis política fue total, y conllevó a un replanteamiento del camino a seguir en materia de representatividad real y los estratos de poder.

Aquellos años demostraron la consecuencia directa de la economía neoliberal global y del mal desempeño político en la resolución de conflictos y prioridades hacia lo externo frente a lo interno. La democracia estatal argentina se mostró atada a las decisiones económicas del exterior, las cuales fueron dando rumbo hacia un final quizás un tanto predecible. Asimismo, es innegable que la presión no emergió solamente desde las bases sociales, sino que desde el mismo seno del poder legislativo se puso en jaque al gobierno radical como sucede habitualmente entre oficialismo y oposición. Las medidas adoptadas económicamente intentaron acomodar una balanza de pagos con números en rojo, y a esto se sumaba el descontento de las clases medias y medias altas por las restricciones bancarias, sectores sociales que rara vez demostraban su descontento explícito ante el Estado. Quizás  haya sido una de las pocas veces en que la sociedad casi en conjunto estaba de acuerdo en dar un final al período que se vivía con el gobierno de De la Rua.

Sin embargo, el embate era sufrido por todo el poder político en conjunto, y se tradujo en la consigna “que se vayan todos”, pero el planteo rápidamente cayó en desprestigio cuando la pregunta sin resolver era quién se haría cargo del poder. La joven democracia y sus estamentos sociales no permitirían caer nuevamente en el autoritarismo o soluciones estrepitosas, por lo cual era necesario que emergiera otra figura política inevitable, demostrando que la política misma y la estabilidad del Estado como garante de la paz social y del mantenimiento de la organización interna eran  una necesidad. De este modo, los movimientos piqueteros alzaron aun más su voz como la posibilidad real a ese cambio que se estaba pidiendo. A pesar de ello, no supieron consolidar su política como venían realizando desde la base social, y se precipitarían luego a la disputa electoral con alianzas en los partidos tradicionales. Esto reflejó en la sociedad una mirada desconfiada hacia estas organizaciones, lo cual derivó en que el cuerpo electoral se inclinara nuevamente hacia la búsqueda de soluciones en los partidos y figuras políticas que ya se habían desempeñado en otros cargos gubernamentales.

El trabajo logrado por los movimientos contra hegemónicos se disolvió en gran medida en el escenario electoral una vez pasados los sufragios de 2003. El partidismo político con el electo oficialismo reconfiguró rápidamente esas estructuras, generó divisiones internas y destruyó un colectivo social que venia en crecimiento de manera subalterna como fueron los grupos piqueteros. Esto no se debió solamente a reconfiguración del Estado hacia la protección económica interna, sino a cooptar a estos grupos que cedieron en sus reclamos por la verticalidad que el proceso y el partido peronista demandaba. Otras organizaciones de izquierda se mantuvieron en lucha, pero el desprestigio causado por la alianza con parte del sector político derivó en el fracaso.

Sin embargo, aquellas organizaciones que optaron por el apoyo al kirchnerismo han abierto un segundo circuito político y una mayor participación de la sociedad civil en la política. Mencionaba anteriormente el trabajo del peronismo histórico desde las bases que se destruyó luego de la dictadura militar. Ese entramado consignado en las universidades, los barrios y los sindicatos, se hizo nuevamente palpable como si nunca hubiera desaparecido, y emergió demostrando nuevamente un método de la política en cuanto a la resolución rápida de conflictos y demandas sociales, evitando así manifestaciones y paros. Asimismo, los sucesos posteriores a los cacerolazos reconstruyó la noción de pueblo; éste ya no era el imaginario de los sectores de escasos recursos o medios exclusivamente, sino que los diversos reclamos de clases bajas, medias y media altas se aglutinaron  conjuntamente por el descontento que el radicalismo había generado en las mismas. El pueblo no solo era los desocupados y piqueteros, también estaba conformado por los ahorristas bancarios, los estudiantes, los empleados en actividad, los jubilados, los medios de comunicación, etc.

Como se mencionaba, la masacre de Avellaneda precipito rápidamente la disputa electoral, revirtió el paulatino crecimiento de poder que el duhaldismo estaba logrando y selló una consecución de sucesos que, si bien preveían un cambio de raíz en la política nacional, derivó una vez más en las mismas figuras políticas y estructuras partidistas que venían desde el menemismo. Estos reclamos dejaron en claro además que pese a la pretensión del “que se vayan todos”, el Estado tiene una función de ordenador, y por lo tanto demostró una incapacidad para disolverse una vez pactadas las elecciones presidenciales. De esta manera, se denota que el Estado es parte constitutiva de la división social, y pese a los sucesivos acontecimientos de gravedad institucional, la figura del mismo es necesaria para el mantenimiento del estructuramiento social como condición ineludible del funcionamiento democrático.

Los sucesos de 2001/2002 fueron un claro ejemplo de las tensiones que se generan en el mismo Estado. Además permitió dar cuenta de los problemas de la democracia en cuanto a la representatividad y el poder del pueblo. La década menemista, y finalmente el delarruismo, fueron reflejo del problema de la democracia liberal y la división social. La sujeción a los sectores económicos dejó de rodillas al mismo Estado, el cual perdió paulatinamente el apoyo social y profundizo la división entre los sujetos sociales y los sujetos políticos, sumada la incapacidad de armonizar los diferentes reclamos. A su vez, el avance sobre lo ahorristas y la propiedad privada también demostraron la crisis  desde la concepción misma del liberalismo y la función del Estado, perdiendo su capacidad de administrador de garantías individuales y poniendo en peligro el sistema económico tanto internamente como hacia el exterior por la desconfianza generada dentro de la economía global. Reflejo de esto fue el elevado índice de riesgo país registrado por aquellos años y los prestamos internacionales a tasas exorbitantes.

El legado Kosteki y Santillán

La masacre de Avellaneda marcó un profundo punto de inflexión tanto en lo político, lo económico y lo cultural. La clase política debió reformular la ejecución de medidas urgentes para remediar el paulatino descreimiento en las instituciones que se gestó desde los inicios de la gestión de Fernando De la Rua, y que culminó violentamente en 2001 /2002. Las demandas ya estaban instaladas y tarde o temprano se debía dar una respuesta a éstas para evitar males mayores. A pesar de los sucesos que dejaron acéfalo al Ejecutivo, la clase política continuó su status quo en lo que hacía a la atención de lo urgente que brotaba desde todas las aristas de la sociedad.

En lo político el cambio fue ambiguo. Si bien decantó en la salida del radicalismo de la escena a corto y mediano plazo, al igual que el corte abrupto de las aspiraciones del duhaldismo para llegar al poder con el apoyo social, la estructura del peronismo se mantuvo casi intacta excepto por el recambio de algunos personajes. Sin embargo, muchos de aquellos que fueron partícipes de esa crisis institucional hoy continúan en el poder, lo que da cuenta del fracaso en ese sentido, y del costo social que significa el mantenimiento de la democracia con la necesidad de la representatividad política. En el caso de las organizaciones sociales, el fracaso se debió a la búsqueda de éstas de un padrinazgo estructural del primer circuito de la política, lo que conllevó al cuestionamiento de sus verdaderas intenciones y compromiso con las raíces históricas de sus movimientos.

Lo político también sumó un cambio profundo en cuanto a su metodología de distribución y ejecución con la integración de ciertos movimientos sociales y su inclusión de demandas a partir del gobierno de Kirchner. La reconstrucción institucional necesitó del acercamiento a las bases de grupos subalternos y la asimilación de reclamos que detentaban, a fin de la recuperación rápida del poder por parte del Estado. En algunos casos estas mismas agrupaciones fueron absorbidas de manera tal que se han fragmentado y han modificado sus mecanismos de reclamo, ya no desde el piquete y la cohersión al aparato gubernamental, sino desde la verticalidad en el funcionamiento del aparato de ejecución.

El papel de los medios de comunicación en esta etapa de reconstrucción política también fue vital, ya que la urgencia en la recuperación de lo institucional precisó del apoyo mediático para que emergieran las propuestas de los diferentes proyectos políticos en la oferta partidaria. La clase política abogó entonces por acaparar la atención mediática y fomentó también el avance sobre los grupos de lucha que venían ejerciendo una presión cada vez mayor, donde en este caso el peronismo demostraría mantener intacto su entramado estructural  histórico en todos los sectores de la población nacional, logrando un rápido avance para llevar calma a estos grupos y en lo posible sumarlos a la construcción de un proyecto con el objeto de triunfar electoralmente.

En el aspecto económico el cambio viró hacia una profundización en el asistencialismo urgente. Esto motivó el apoyo de parte de los movilizados a través de la rápida resolución del conflicto por medio de los planes sociales. La decisión del cese de pagos a los organismos internacionales de crédito fue un guiño hacia estos movimientos, y el viraje del proteccionismo económico del exterior hacia el interior llevó calma a amplios sectores más empobrecidos. Los conflictos de la clase media y los ahorristas en torno al corralito se derivaron al poder judicial, con lo cual se ganaban plazos temporales para reactivar la economía y poder dar respuesta con un sistema económico más firme. Asimismo, el apoyo de la región de América Latina en su conjunto a través del Mercosur favoreció a la integridad en el mercado internacional regional, dejando en segundo plano a grupos económicos como el FMI, el Banco Mundial y el Club de París.

La lógica del asistencialismo logró la reactivación rápida de la economía a través de la conjunta política de consumo desde el Estado. A pesar de ello, en la actualidad esta política está sufriendo una crisis por su extensión temporal que imposibilita el verdadero crecimiento real de amplios sectores sociales. A pesar de ello, lo económico comenzó también a estar ligado a lo político pero de una manera inversa. Los condicionamientos de la economía derivaron en la crisis política y social de 2001/2002, y el viraje hacia el proteccionismo interno dio respuesta rápida  a la comprensión de que la política debía dar respuesta a pesar de la presión de los grupos económicos locales y extranjeros. La economía, entonces, quedó acotada a las decisiones políticas más urgentes para la resolución de los conflictos.

La crisis argentina se precipitó por la sujeción de la política a la economía internacional, dejando en segundo plano la cuestión social interna y el costo institucional que ello acarreaba. La lógica de la política liberal global demostró las consecuencias de su ejecución en Argentina, quien hoy es ejemplo internacional de los errores y vicios de esta ideología de mercado sobre los países. Aun así, es inocente pensar que la lógica de mercado y sus derivaciones de pobreza y desigualdad son exclusiva culpa de las presiones externas. La clase política en su conjunto fue partícipe necesaria en extremar las condiciones sociales internas, lo cual habla del fracaso político mencionado anteriormente por la permanencia en el poder de actores que fueron cómplices de estos sucesos. Será una de las fallas de la democracia en tanto costo del mantenimiento del sistema ante la amenaza del autoritarismo y las salidas rápidas. En pos de la preservación de la figura estatal, la sociedad civil debe resolver la cuestión de la representatividad política por la necesidad del mantenimiento del orden por medio de la misma institución.

Desde lo cultural, la masacre significó una herida profunda en la sociedad en su conjunto. Las aspiraciones a una mayor y mejor clase dirigente se vieron sesgadas por la violencia de los sucesos, lo que modificó las relaciones sociales en general. Por un lado se manifestaron cambios en las formas de protesta, en el sentido en que los movimientos descubrieron el carácter represivo del Estado, el cual no se había manifestado tan explícitamente desde el regreso de la democracia. El cacerolazo marcó un símbolo que constantemente traduce el hito de los reclamos ante el Estado, y que se expandió incluso internacionalmente como suceso novedoso como el de los movimientos de indignados en la actualidad. De esta manera, en lo cultural se redescubrieron los mecanismos de protesta frente a las decisiones políticas, y los cacerolazos y piquetes se perpetuarían como los sucesos que marcaron la participación ciudadana en su conjunto en contra de las malas decisiones políticas.

Lo cultural no solo sufrió cambios respecto a lo simbólico de las cacerolas en relación a la protesta social. Los piquetes se habían convertido también en un proceso identificatorio de las organizaciones de lucha, ya no solamente desde el aspecto de la cohersión hacia el Estado por los cortes de caminos, sino como metodología de exacerbación y demostración de pertenencia. El piquete tendió a transformarse en un hecho cultural  de una amplia carga emocional de sus protagonistas. Lo mismo ocurriría en los barrios y el auge de los clubes de trueque, donde comenzaban a originarse organizaciones que planteaban una alternativa ante la crisis, generando reglas propias y hasta monedas internas, en claro proceso contestatario y contracultural ante la falta de respuesta estatal. Además comenzarían a generarse estrepitosamente el fenómeno de las fábricas recuperadas,  lo cual permitiría también el lento proceso de recuperación económica de muchos sectores de trabajadores.

El contexto en América Latina

Los sucesos de 2001/2002 en Argentina fueron sin duda el coletazo de una crisis del modelo liberal a nivel internacional. El reflejo del mismo no produjo altibajos económicos y sociales en nuestro país sino en toda la región del sur. Debido a los problemas internacionales, el crecimiento económico de América Latina sufrió embates en cuanto a su comercio exterior y las presiones generadas por los financiamientos de organismos de crédito. La crisis generó un déficit crónico en las balanzas de pago y una debilidad en el sistema bancario por la fuga de capitales. Esto provocaría el recordado corralito bancario, la pesificación de ahorros y finalmente la caída del modelo de convertibilidad cambiaria de los noventa. Sin embargo, el problema más urgente en el caso argentino no se solucionaba solamente con la flotación o devaluación cambiaria, ya que la desocupación necesitó medidas urgentes que permitieran obtener ingresos a familias que habían caído en la pobreza absoluta. Países como Chile y Brasil también promovieron medidas fiscales restrictivas, en México se desarrollaron políticas de restricción monetaria y ajustes fiscales, Venezuela comenzó una política macroeconómica de expansión.

Las bajas de perspectivas de crecimiento para toda la región mostraban números bajos en relación a cinco años atrás. La crisis financiera de 2001 en Estados Unidos afectó el comercio de muchos países de Centroamérica, República Dominicana y México, éste último vio frenar las tasas de crecimiento que había logrado, evitando el coletazo del no muy lejano Efecto Tequila del 94. Sin embargo, el crecimiento de México comenzaba a frenarse a través de las mismas políticas del gobierno que para financiar las altas tasas de interés ponía en riesgo el déficit de su balanza de pagos, con lo cual tendió a una política restrictiva en el aspecto monetario. La región de América Central, en tanto, vio reducidos sus volúmenes de exportaciones debido al proteccionismo interno de las economías en crisis. 

En lo que respecta a América del Sur, los países de esta región fueron los que más sufrieron la crisis de esos años, entre ellos los que conforman el bloque del Mercosur, Venezuela, Colombia y Ecuador. En lo que respecta a estos últimos, la caída en el precio del petróleo resentirá la exportación del mismo, lo cual conllevó a una reducción de los ingresos en las economías. En Bolivia y Perú, la desaceleración económica produjo una caída del consumo interno y un leve estancamiento del sistema financiero. El caso argentino registraba antecedentes desde hacía tres años atrás, lo cual culminó con los sucesos trágicos de 2001 y la renuncia de Fernando De la Rua. Las motivaciones de esta crisis tuvieron el eje en el endeudamiento extremo que llevó a cabo el sector público a través de los créditos internacionales. La atadura al Fondo Monetario Internacional y sus rescates no sirvieron de mucho, sino que tradujeron un mayor desequilibrio financiero debido a las faltas de una política económica clara de desarrollo.

La crisis argentina arrastró a sus vecinos más próximos como Uruguay y Paraguay, quienes vieron afectados sus comercios con nuestro país. Quizás sea Brasil el caso más distinguido en cuanto a mantenimiento y sostén de la economía. Aunque no tuvo los índices de crecimiento planeados tiempo atrás, la economía carioca alcanzó porcentajes del 4% de crecimiento del PBI. Las políticas de Estado promovieron el consumo interno de la mano del aumento de empleo y remuneraciones al mismo. El sostén de su economía le permitió mantener en valor su moneda, reduciendo las posibilidades de desequilibrios e inflación. El caso de Chile es similar, apoyado en gran medida por sus exportaciones de minerales y una estabilidad económica que el Estado mantuvo constante, aunque con algunos niveles de desempleo todavía elevados.

Para realizar una mirada global sobre el fenómeno de la economía liberal en América Latina es necesario comprender la lógica de dominación desde el extranjero. Las malas políticas desarrolladas en la región, la búsqueda de asimilación por parte de las economías del norte y Europa y una pésima administración interna, derivó en el descuido del mercado regional y los consecuentes resultados reflejados por la crisis de Estados Unidos. La dependencia ante el país del norte se llevó consigo a gran parte de la región, y Argentina fue el caso más emblemático de esta voracidad.

Desde lo político, desde 2003/2004 se comenzó a avizorar una mirada interna mucho mayor, y un replanteamiento de las políticas estatales para contrarrestar la dependencia y reflotar las economías como bloque interno. La culminación del proyecto del Banco del Sur en 2009, ideado a fines de 2002, deja entrever este cambio radical en la política de los países de la región, recomponiendo las economías locales y fomentando el comercio entre vecinos, cuestión que no había sido de importancia para los anteriores gobiernos que, en el caso argentino, buscaban la dolarización plena de la economía y su consecuente dependencia ante la economía norteamericana. Además del Mercosur, se suma en 2001 a la Comunidad Andina en la planificación comercial.

El viraje económico en la región vino de la mano de un cambio estructural en la política de los países. Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela son quizás las tres figuras más sobresalientes a la hora de dar cuenta del inicio de una nueva etapa de reformas en sus países en torno a la situación social que atravesaban. Procuraron promover la asistencia social y el empleo público para la reactivación, generando empleos y reactivando la economía. La política social fue vital para calmar las demandas sociales por la pobreza que se generó, y la clave fue iniciar una nueva etapa de protección de la economía local y regional frente a las presiones y demandas extranjeras. El corte con el FMI en el caso argentino demostró la comprensión del Estado en cuanto consecuencias trajo a nivel social la dependencia directa con el organismo. En Venezuela y Brasil se fomentó de igual manera la inversión publica, y Lula da Silva entendió que la sobrevaluación de su moneda le quitaba competitividad y aumentaba el endeudamiento externo. Las medidas entonces giraron en pos de dar un mayor empleo y más equidad social, generando programas sociales y el Plan Nacional de Reforma Agraria para fomentar el comercio agroexportador. En Venezuela ocurrieron medidas similares en torno a fomentar lo social y la soberanía nacional, desligándose de las presiones extranjeras.

Comprender lo político en este periodo es entender la nueva conceptualización y reformulación de los planes de gobierno con base en lo popular, entendiendo a éste como lo local y regional, lo histórico y nacional. Lo político procuró entonces dar por sentado su compromiso con el rescate de lo urgente en torno a las demandas sociales que pedían un cambio drástico en el desarrollo de las relaciones internacionales. De este modo triunfa Lula desde el sindicalismo y el partido de los trabajadores, Kirchner y su impronta política en torno a rescatar los reclamos de las agrupaciones que más presión habían desarrollado en el periodo 2001/2002, y Chávez con su discurso opositor al neoliberalismo, habla a las claras de la necesidad de el conjunto social en la región de América Latina de modificar esta realidad que había sumido a las naciones en la miseria.

La masacre de Avellaneda fue un ejemplo más del agotamiento del modelo que se estaba viviendo, y el cese de los focos de violencia ya para mediados de 2003 dan cuenta del aglutinamiento logrado desde la política hacia las organizaciones de lucha en sus expectativas y reclamos. Si bien el crecimiento económico se sostuvo ante un inminente asistencialismo social, esto evitó la necesidad de nuevos endeudamientos con los países símbolo del neoliberalismo y sus organismos de finanzas como el Banco Mundial, el F;I y el Club de París. Desde lo político necesariamente se tuvo que asumir el compromiso de cambio para el mantenimiento del orden, la paz social y las instituciones.

Lo cultural en la región también se vio modificado por el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Las minorías tuvieron la oportunidad de comenzar a ganar respuestas y derechos desde el Estado. Asimismo, en la etapa previa a la recuperación económica de la región son destacables los logros de los movimientos históricos de lucha en las políticas nacionales. Volviendo al caso argentino, los grupos piqueteros y de izquierda han conseguido no solo mover la estructura al poder político, sino captar la atención de éste para finalmente lograr objetivos históricos  como el cese de las medidas de ajuste en la sociedad con el fin del cumplimiento de las exigencias extranjeras.

En América Latina de 2001/2002 los movimientos culturales de lucha estaban caracterizados por lo piqueteros y desocupados en Argentina, los movimientos universitarios, la Central de Trabajadores y la Coordinadora Mapuche en Chile, la Coordinadora de Movimientos Sociales y  la Confederación de Nacionalidades Indígenas  de Ecuador, el Frente Amplio uruguayo, la lucha boliviana y la llegada de Evo Morales al poder, el movimiento sindical en Brasil, la lucha por el acceso a la tierra en Paraguay, son algunos de los sucesos y colectivos de lucha que hablan a las claras del procesos de transformación cultural y política que se vivió en la región a partir de la crisis del modelo neoliberal.

Conclusiones finales

La crisis 2001 / 2002 logró transformaciones en la democracia argentina y en toda América Latina. En nuestro país significó un viraje en la política, una participación ciudadana más amplia desde el segundo circuito de la política, una transformación del Estado con lo social por sobre lo económico y una transformación cultural palpable en los avances de numerosas minorías en lucha. En el continente los procesos fueron similares en cuanto a transformaciones desde el socialismo, dando por agotado el modelo neoliberal profundo que se había instalado a principio de los 90, y que generó un endeudamiento atroz en todas las naciones. A la hora de hablar de fracasos político se puede mencionar a los movimientos sociales argentinos como los piqueteros, que fueron absorbidos por el sistema partidario tradicional. Además, la transformación democrática no fue total, ya que al día de hoy la voluntad popular se reduce a la voluntad de las mayorías, con lo cual el ejercicio democrático habla de una necesidad todavía insatisfecha en el logro de procesos políticos que realmente permitan un acceso más abierto al sistema. Si bien el segundo circuito político está abierto, es cierto también que se evidencia una participación en éste solo de las mayorías partidarias, lo que se traduce en un monopolio político cada vez mayor.

Las políticas sociales han generado una capacidad de recuperación económica y social importante, pero el abuso del asistencialismo pone en discusión si la verdadera función del Estado no se está reduciendo a tapar necesidades insatisfechas de trabajo digno y crecimiento económico real en los hogares con planes sociales. El mismo, si bien fue una solución rápida a los problemas urgentes de miseria en Argentina, hoy se perpetúa a casi diez años de esa crisis, lo que no termina de resolverse de manera total y dando lugar a nuevos reclamos en busca de soluciones reales de trabajo digno. Asimismo, la caída del salario real es un mal en crecimiento que el Estado niega constantemente, lo mismo que el aumento en la brecha entre los más ricos y los más pobres, un problema sin resolver y que da cuenta de una cuestión todavía irresuelta mas allá de los discursos.

Otro mal en la democracia de la región es la corrupción y sus consecuencias. Las democracias verticalistas y el aumento del poder en figuras unipersonales traen consigo un hermetismo en las decisiones económicas con sectores de poder, además de los escasos logros obtenidos por investigaciones federales que caen en saco roto. A esta desconfianza se suma el crecimiento patrimonial de numerosos funcionarios que eluden a la justicia o los procesos se extienden en el tiempo y pasan a ser archivados.

Es por ello que las deudas de una democracia representativa de todos los sectores siguen en pie, las mejoras han sido notables en cuanto a oportunidades para muchos sectores, pero otros quedan aislados por las dicotomías políticas y la estigmatización de los reclamos. Es sin duda, un proceso que deberá nacer desde las bases sociales nuevamente y no desde la verticalidad del poder, ya que las principales transformaciones de los procesos políticos nacen de las necesidades mismas del conjunto social hacia la política y no al revés. El camino en América Latina está abierto, es cuestión de lograr nuevas redes de lucha frente al entramado de poder para lograr mayores transformaciones frente a la hegemonía partidista y la verticalidad de los funcionarios. En definitiva, perder el ejercicio de protesta o caer en las dicotomías solo habla de un retroceso social en sus exigencias al poder político.